El Gobierno de Javier Milei anunció formalmente el inicio de los trabajos para redactar un nuevo Código Penal, con el objetivo de adaptar la legislación a los “desafíos actuales”. Tras una reunión clave entre el Presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que busca el endurecimiento de las penas y la armonización de las sanciones. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión responde a una instrucción directa del mandatario para abordar temas de seguridad ciudadana que “no pueden esperar”, bajo la premisa de que las condenas deben ser de cumplimiento efectivo.

La propuesta de reforma destaca por la incorporación de figuras penales que hasta ahora no estaban tipificadas o requerían una actualización urgente. Entre los nuevos delitos que se pretenden sancionar se encuentran las estafas piramidales, las “viudas negras”, las salideras bancarias y el “stealthing” (retiro no consentido del preservativo).

En cuanto a la agenda de género, fuentes de la comisión redactora confirmaron que el nuevo texto no modificará la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), vigente desde 2020. A pesar de las posturas críticas expresadas previamente por el presidente Milei, la normativa se mantendría en línea con recomendaciones internacionales.

Femicidio

Respecto a la figura del femicidio, la reforma no solo mantiene su vigencia, sino que se propone ampliar los agravantes. La intención oficial es poner un acento mayor en las penas cuando los asesinatos sean motivados específicamente por la condición de género de la víctima, incluyendo específicamente a mujeres, personas trans y otras disidencias. Esta medida busca otorgar una mayor protección ante crímenes de odio y asegurar que la perspectiva de género siga siendo un eje central en el juzgamiento de estos delitos, a pesar de la impronta general de “mano dura” que caracteriza al resto del paquete de reformas.

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Finalmente, el proyecto establece que los delitos más graves, como homicidios, abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico, pasarán a ser imprescriptibles, sumándose a los crímenes de lesa humanidad que ya gozan de ese estatus. Este proceso de reforma se da en un contexto de fuerte presión social por la transparencia y la eficiencia judicial.